El día de Año Nuevo de 1567 amaneció en Granada con una noticia que cambiaría para siempre el destino de miles de personas. Por orden de Felipe II se hacía pública la llamada Pragmática Antimorisca, un edicto que pretendía erradicar de raíz las costumbres, la lengua y las tradiciones de los moriscos del antiguo reino nazarí.

El encargado de darla a conocer y aplicarla fue Pedro de Deza, presidente de la Real Chancillería de Granada, hombre de carácter severo y firme partidario de las medidas duras. Pero esta decisión no surgió de la nada. Venía gestándose desde hacía años, alimentada por la desconfianza religiosa, el temor político y un contexto internacional cada vez más tenso.

El arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, llevaba tiempo convencido de que la evangelización pacífica había fracasado. Mientras los moriscos conservaran su lengua árabe, su manera de vestir, sus ritos y celebraciones, pensaba, nunca serían cristianos auténticos. En 1565, reunidos en sínodo, los obispos del reino decidieron abandonar la vía de la persuasión y optar por la imposición. La religión dejaba paso a la disciplina.

La Pragmática fue implacable. Se prohibía hablar, leer o escribir en árabe en el plazo de tres años. Se obligaba a vestir a la castellana y a que las mujeres llevaran el rostro descubierto. Quedaban vetadas las zambras y leilas, los instrumentos y cantares tradicionales. Se prohibía celebrar el viernes como día festivo, usar nombres árabes o emplear alheña. Los baños públicos debían ser destruidos. Incluso se ordenaba revisar las licencias de esclavos y expulsar a los moros procedentes del norte de África. No se trataba solo de una cuestión religiosa: era un intento de borrar una identidad cultural completa.

Detrás de estas medidas latía el miedo. El Imperio otomano y sus aliados norteafricanos representaban una amenaza real para la Monarquía Hispánica. Granada, con una población morisca que superaba en número a la cristiana, podía convertirse en un punto débil. Además, existían grupos de monfíes —bandoleros moriscos— que actuaban en las sierras, alimentando la sensación de inseguridad. Para la Corona, la homogeneización religiosa y cultural parecía una cuestión de estabilidad política.

Los moriscos intentaron negociar. Presentaron memoriales, suplicaron moderación, buscaron intermediarios. Francisco Núñez Muley dejó escritas palabras llenas de desesperación al preguntar cómo podía obligarse a un pueblo a abandonar su lengua materna, la lengua en la que había nacido y crecido. Pero el rey se mostró inflexible. La decisión estaba tomada.

La tensión estalló finalmente en la Rebelion de las Alpujarras, un conflicto sangriento que se prolongó durante tres años y devastó las montañas granadinas. La guerra fue dura, con episodios de violencia extrema por ambos bandos. Tras la derrota morisca, miles de familias fueron deportadas al interior de Castilla, dispersadas para evitar nuevas sublevaciones. El 24 de febrero de 1571 se confiscaron sus bienes para repartirlos entre cristianos viejos, sellando así la ruptura definitiva.

La Pragmática de 1567 no fue solo un decreto más en la larga lista de disposiciones reales del siglo XVI. Fue el punto de no retorno en la relación entre la Monarquía y la comunidad morisca. A partir de entonces, la convivencia quedó herida de muerte. Décadas después, en 1609, llegaría la expulsión definitiva bajo Felipe III, culminando un proceso que había comenzado con aquel edicto de Año Nuevo.

La historia de la Pragmática Antimorisca es la historia de una decisión política que buscaba uniformidad en nombre de la fe y de la razón de Estado, pero que terminó provocando guerra, exilio y la desaparición de una parte esencial del mosaico cultural peninsular.