Nos situamos en 1910. España vive un momento de profundas tensiones políticas, sociales y religiosas. Al frente del Gobierno acaba de situarse José Canalejas, líder liberal de ideología progresista, decidido a emprender un ambicioso programa de reformas destinado a modernizar el Estado y reforzar su carácter laico.

Entre sus primeras medidas destacan la abolición de la Contribución de Consumos, el establecimiento del Servicio Militar Obligatorio y una iniciativa especialmente controvertida: la limitación de la instalación de nuevas órdenes religiosas, conocida popularmente como la Ley del Candado.

El objetivo de Canalejas era delicado y complejo. Por un lado, pretendía reducir la confesionalidad católica consagrada en la Constitución de 1876; por otro, buscaba frenar el creciente anticlericalismo popular, reforzando la autoridad del Estado frente a la Iglesia mediante una separación que él mismo definía como “amistosa”.

La propuesta fue presentada en la apertura del Congreso el 15 de junio de 1910, aunque no sería debatida hasta el 23 de diciembre. La política religiosa se convirtió así en uno de los ejes fundamentales del gobierno de Canalejas.

La ley pretendía tratar a las órdenes religiosas como simples asociaciones civiles, con la excepción de las dos reconocidas en el Concordato de 1851. Mientras no se regulase definitivamente su situación jurídica, se prohibía la creación de nuevas congregaciones sin autorización expresa del Ministerio de Gracia y Justicia, otorgada mediante Real Decreto y publicada en la Gaceta de Madrid. Además, se establecía que no se concedería autorización si más de un tercio de sus miembros eran extranjeros.

De ahí el nombre popular de la norma: “echar el candado” a la expansión de las congregaciones religiosas.

Sin embargo, la reacción fue inmediata y contundente. La Iglesia católica y los sectores más conservadores vieron en la ley una grave intromisión del poder civil en asuntos eclesiásticos. El Vaticano, especialmente preocupado en esos años por combatir el modernismo, no estaba dispuesto a renunciar a ninguno de sus privilegios en España. Las negociaciones fracasaron y el conflicto se agravó hasta el punto de que, en 1910, España retiró a su embajador ante la Santa Sede, rompiendo relaciones diplomáticas.

La ley, concebida como provisional y temporal, con una vigencia inicial de dos años, nunca llegó a aplicarse plenamente. La oposición de los ultracatólicos fue feroz, y la intransigencia de Roma impidió cualquier avance real. Paradójicamente, Canalejas —devoto católico y de misa diaria— fue retratado por amplios sectores del clero como un enemigo de la fe.

El contexto internacional tampoco ayudaba. Ese mismo año, la Revolución Portuguesa de 1910 había derrocado la monarquía y proclamado la Primera República, aumentando el temor de las élites conservadoras españolas a una deriva revolucionaria. Canalejas fue incluso acusado de masón y tuvo como uno de sus enemigos más activos a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, liderada por Ángel Herrera Oria desde el periódico El Debate.

El desenlace fue trágico. El 12 de noviembre de 1912, mientras observaba el escaparate de la Librería San Martín en la Puerta del Sol y tras descuidar a su escolta, José Canalejas fue asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas, que se suicidó a continuación.

Con su muerte se truncó un proyecto reformista que aspiraba a transformar el régimen de la Restauración en una verdadera democracia, poniendo fin al caciquismo y al fraude electoral. La Ley del Candado quedó prácticamente sin efecto, el número de religiosos continuó creciendo y el sistema político entró en una profunda decadencia que desembocaría en la llamada Crisis de la Restauración.